Estas son las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el pasado 12 de agosto. En ella y en posteriores intervenciones manifiesta que objetar para no hacer un aborto, constituiría una desobediencia civil. “Las ideas personales no pueden excusarnos del cumplimiento de la ley porque, si no, nos llevaría en muchísimos temas, en éste y en otros muchos, a la desobediencia civil”.
Por su interés copio un artículo de Ignacio Sánchez Cámara publicado en La Gaceta de los Negocios:
De las declaraciones del ministro de Justicia sobre el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la Sanidad con relación a la nueva ley reguladora del aborto, sólo muy levemente matizadas después, cabe extraer tres conclusiones principales. Caamaño excluye tajantemente el derecho a la objeción de conciencia en este caso. Considera que es necesario que cada ley reconozca, en su caso, el ejercicio de ese derecho. Y entiende que, por lo tanto, los médicos que se resistan a practicar los abortos —a quitar la vida a los embriones— incurrirán en desobediencia civil. Las tres afirmaciones son graves y, a mi juicio, equivocadas.
Si la nueva regulación del aborto, que transforma un delito en un derecho, es, de suyo, un atentado contra el derecho y la moral, muy probablemente inconstitucional por atentar contra el derecho a la vida, negar la objeción de conciencia es una barbaridad. Ya entraña un agravio comparativo con el caso del servicio militar obligatorio, hoy inexistente, reconocido por la Constitución. Si es legítimo objetar para no tomar las armas, al menos con la misma fuerza lo será para negarse a quitar la vida a un embrión humano. Si el deber primero de un médico es curar y salvar vidas, es una aberración forzarle por ley a eliminarlas. La reacción de las organizaciones médicas profesionales, más que justificadas, permiten albergar alguna esperanza, no ya sólo de que se reconozca la objeción de conciencia, sino incluso de que la reforma legal sea retirada.
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